¡Insólito! Gobierno español veta su propio idioma

  • por Mary D. Villar
  • 06/11/2020
Propietario de la imagen: Ilustración

Atropello a la educación en español

En 1992 el Consejo de Europa aprobó la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias al objeto de amparar y fomentar las lenguas minoritarias. Hasta la fecha un total de 31 países han firmado la Carta, de los cuales 23 también la han ratificado. España fue uno de los primeros firmantes en 1992 y ratificó la misma en 2001.

Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 afirmaba en su preámbulo y en su artículo 2: (…) la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y en el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres (…) sin distinción de raza, color, sexo, lengua, religión, opinión política u otra (…). Y en su artículo 26, el derecho de toda persona a la educación, que: (…) tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos (…    Y en los Pactos de Derechos Sociales y Económicos (1966), que desarrollaban la Declaración, se proclamaba más explícitamente el derecho de los padres "a escoger escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas" (art. 13).                                           

Pero llega la Ley Celaá haciendo caso omiso de la Declaración Universal y saltándose a la torera el derecho constitucional que asiste a los padres....

Como era obligado, la Constitución española de 1.978, reconoce también el derecho a la educación en el artículo 27, dentro de los "derechos fundamentales y las libertades públicas" (Sección Primera del Capítulo segundo, del Título Primero), con la importante y decisiva protección que le confiere el artículo 53 de la Norma Fundamental. Se reconoce en el referido artículo 27 que: 1. "Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. 6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. 7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca. 8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. 9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. 10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca."

Y así, de un plumazo, la enmienda acordada entre PSOE, Podemos y ERC, en la que aprueban que el castellano deje de ser lengua vehicular y lengua oficial del Estado, ha salido adelante en el Congreso por 26 votos a favor, 16 en contra y la abstención del PNV. PP, Ciudadanos y Vox han votado en contra. 

El texto deja en manos de las comunidades autónomas la capacidad de controlar si se enseña en castellano en las escuelas con lengua cooficial y no habilita ningún mecanismo para que, desde el Estado, el español pueda utilizarse como lengua vehicular de la enseñanza, como han establecido los tribunales.

"El Gobierno está entregando la educación a cambio de votos para afianzar sus Presupuestos", ha expresado Cuca Gamarra, portavoz del Grupo Parlamentario Popular. "Los españoles no merecen pagar ese alto precio para que el presidente siga en la Moncloa".

"La enmienda me parece gravísima y lo pararemos desde otras instituciones. Con los derechos fundamentales, señores del Gobierno, no se mercadea. Y menos si afectan a menores", ha señalado Marta Martín, portavoz de Ciudadanos en el Congreso.

Joaquín Robles, portavoz de Educación de Vox en la Cámara Baja, ha añadido que esta ley supone "la culminación de un proyecto de inmersión lingüística que tiene como meta la ruptura de la unidad nacional por la vía de los hechos".

RECORTES A LA ESCUELA CONCERTADA

Además de la enmienda del castellano, ha sido aprobada también otra transaccional que impide que los centros que separan por sexos puedan recibir subvenciones públicas, a pesar de que es un modelo que avala el Tribunal Constitucional. "No se destinará ni un solo euro a la escuela elitista que segrega por sexos. Quien quiera llevar a sus hijos, en un delirio fundamentalista y sexista, a estos centros lo tendrá que pagar de su dinero", ha expresado Joan Mena, portavoz de Educación de Unidas Podemos en el Congreso.

A lo largo de estas cuatro sesiones, se han ido recortando progresivamente los derechos de la escuela concertada, donde estudia el 25% del alumnado. En la puerta del Congreso se ha manifestado una multitud de personas, conducidos por la plataforma Más Plurales, que defiende "el derecho de todos los españoles a elegir libremente el proyecto educativo que consideran mejor para sus hijos".

Fuente: El Mundo